González (IU) acusa a la Junta de querer "recaudar" a costa de las licencias para menores de 14 años

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles el proyecto de la Ley de Pesca con los votos favorables del grupo político mayoritario del Partido Popular, que ha rechazado las 135 enmiendas que quedaban vivas en el debate y que habían planteado los grupos de oposición, que ha centrado sus críticas en la "desigualdad" que crea la reserva de permisos a las empresas turísticas y la entrada de empresas privadas en esta materia en la vigilancia de los cotos.

Los procuradores 'populares' Fidentino Reyero y Francisco Julián Ramos han defendido la utilidad y oportunidad de esta Ley, que como ha puntualizado el primero de ellos, "se hace eco de los cambios socieconómicos y culturales" de la sociedad castellanoleonesa y fomenta la creación de una conciencia colectiva de que los recursos naturales son "limitados", por lo que "no pueden ponerse en peligro". Además, con el nuevo texto, se ahonda en la erradicación de formas de pesca que ponen en peligro la población de las 34 especies piscícolas que existen en la Comunidad.

Por su parte, la procuradora socialista ha resumido la oposición de su Grupo a la Ley en que, además de que no se tomarían en cuenta las 99 enmiendas planteadas, el texto "no contenta ni a asociaciones, ni clubes deportivos, ni a la Federación de Pesca".

Así, ha detallado que "excluye todo lo relacionado con la protección de los ecosistemas acuáticos, no avanza en nada en derechos y deberes de los pescadores, excluye a los colectivos de pescadores, crea órdenes de control inútiles y sin competencias y unidades de vigilancia en condiciones precarias dependientes de empresas" y, ha recalcado especialmente, establece excepciones a los principios de igualdad de oportunidades al reservar permisos para empresas turísticas.

Para la procuradora socialista "no es justo" establecer este privilegio, que calificado de "clasista", pues considera que los permisos de pesca deberían otorgarse de manera reglada, sin excepciones al "principio de igualdad de oportunidades" y, en su lugar, debería sacarse a concurso los permisos para las entidades turísticas, al igual que sucede en otras Comunidades autónomas.

En este sentido, ha añadido que también se favorece a "quienes más medios y recursos disponen", como serían las empresas, mientras que a los pescadores individuales se les "excluye" pues no se establecen cotos determinados para los "ribereños" que en su opinión serían quienes mejor pueden aportar a la conservación de la zona.

El debate sobre las enmiendas socialistas ha quedado zanjado por el procurador del PP Francisco Julián Ramos, quien ha aseverado que la materia de los permisos reservados a empresas de turismo no supone una desigualdad, sino que atiende al "principio básico" de que la Junta entiende la pesca como "un recurso de potenciación del medio rural" y un mecanismo para generar recursos.

Ramos ha subrayado la importancia de esta actividad en Castilla y León, con más de 1.300 kilómetros de cotos pertenecientes a cinco cuencas fluviales y con 180.000 licencias de pesca concedidas, que suponen el 20 por ciento de las expedidas en España. Además, en cuanto a los reproches por la conservación medioambiental ha mantenido que el texto de la Ley defiende a las especies autóctonas y sobre todo a la trucha común, que quedará definida como 'especie de interés preferente', que establece la práctica de la pesca sin muerte, salvo que se asegure su adecuado estado de conservación.

En cuanto a las objeciones del PSOE a cuestiones más técnicas como el hecho de que se dejen vigentes determinados artículos de la Ley precedente, que no queda derogada, Ramos ha recordado que se ha actuado de ese modo porque será la Ley de Patrimonio Natural, que se encuentra en trámite, la que defina las medidas de protección medioambiental a las que aluden dichos artículos.

El procurador de Izquierda Unida, José María González, que ha defendido otras 18 enmiendas y que comprometió su apoyo a la Ley con la condición de que fueran transacionadas en el texto definitivo, se ha detenido especialmente en que la normativa abre la posibilidad de la privatización de los cotos de pesca, pues se permite intervenir a empresas turísticas, mientras que las funciones de vigilancia también pueden encomendarse a compañías externas.

González también se ha detenido en acusar a la Junta de querer "recaudar" a costa de los pescadores y, especialmente, de los menores de 14 años. En este sentido, Fidentino Reyero ha puntualizado que estos jóvenes también pueden tener derecho a solicitar licencias de pesca.

REGULACIÓN DE LOS RÍOS

En cuanto a la posición del leonesista Alejandro Valderas, ha aventurado que el texto de la Ley "no resolverá en absoluto" los problemas de falta de pesca que se producen en determinados cotos al tiempo que ha apuntado que incluye "demasiadas prohibiciones" pero "ni una palabra sobre cómo se van a regular los ríos", algo que ha manifestado que se pueda incluir en el futuro a través de la Ley de Patrimonio Natural o con la reforma a través de proposiciones no de ley.

Como ha detallado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, el texto legal consta de 8 títulos, 24 capítulos, 83 artículos, una disposición adicional, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final. La entrada en vigor de esta norma se producirá a los 20 días de su publicación en el Bocyl, según la disposición final. La disposición adicional establece un año para la aprobación del reglamento de desarrollo y se habilitan cinco disposiciones transitorias en tanto se produzca el desarrollo reglamentario.

Además, de la figura de 'especie de interés preferente' de la trucha, que además prohíbe su comercialización, la norma potencia la pesca sin muerte en las aguas de acceso libre para garantizar la conservación de las poblaciones de trucha autóctona de la Comunidad y prioriza la consolidación de Castilla y León como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional compatibilizando este objetivo con el disfrute de los pescadores autóctonos y con la conservación de las especies. Para ello, se habilita la creación de permisos de carácter turístico, que se adjudicarán a las empresas turísticas locales.

Por otra parte, se dota de especial relevancia a la planificación para garantizar una adecuada gestión de la pesca. Para ello, se establece el Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos (PORA), de carácter autonómico, que se concreta sucesivamente en planes técnicos de gestión para las cuencas y subcuencas, planes específicos para cada tramo de pesca pública y planes de aprovechamiento de las aguas de pesca privada.

Además, se crea la Red de Seguimiento y Control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León para garantizar la planificación y gestión de los recursos apoyada en un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones y el medio en que se desarrollan.

La Ley establece que los agentes de la autoridad son los agentes medioambientales, agentes forestales, celadores de medio ambiente, agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de policías locales. Se consideran agentes auxiliares, los vigilantes de pesca y guardas particulares de campo.